El artículo 4º de la Constitución Política de nuestro país establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y que la Ley General de Salud debe definir las bases y modalidades para acceder a estos servicios.
La salud es un derecho social, y el derecho a la salud es un esquema complejo que implica obligaciones por parte del poder público. Es decir, genera, como sucede con todos los derechos sociales, la obligación del Estado de desarrollar acciones positivas tendientes justamente a proteger la salud o remediarla cuando ha sido afectada.
El Seguro Popular se extinguió el 31 de diciembre de 2019, es decir, hace 19 días, y dejó a 53 millones de afiliados sin certeza en su acceso a la salud. En México somos 126 millones de habitantes, de los cuales casi la mitad pertenecía al Seguro Popular y no sólo tenía acceso efectivo a estos servicios, sino que esto iba acercándonos a la buscada cobertura universal de salud.
La desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) han traído incertidumbre a los usuarios y a los contribuyentes, ya que ocurrió sin antes tener clara la parte administrativa y financiera.
El recorte presupuestal, la desinformación y la desaparición del Fondo de Gastos Catastróficos han provocado esta crisis en el acceso efectivo

de los servicios. El Insabi no ha hecho pública su forma de financiamiento, los recursos no se asignan de acuerdo al número de afiliados o derechohabientes, sino de manera discrecional; además no hay criterios de afiliación o elegibilidad y se centralizarán de nuevo los servicios de salud pública, dificultando la atención para las personas en el interior de la república. Del mismo modo, tampoco existe una campaña de información para los usuarios, ni para el personal médico y mucho menos para los gobernadores, quienes desconocen las reglas de este nuevo esquema.
Es por ello que en el PRI consideramos necesario e importante que la salud sea planeada y diseñada sin improvisaciones, ya que las implicaciones pueden ser devastadoras porque en medio de todo está la salud de 53 millones de mexicanas y mexicanos.
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