C-239/2019
Ciudad de México, 9 de julio de 2019
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional condena rotundamente el albazo legislativo mediante el cual el Congreso de Baja California aprobó, la noche de este lunes, ampliar de dos a cinco años el periodo de gobierno del mandatario electo Jaime Bonilla.
Se trata de una decisión inconstitucional y representa un grave ataque a los principios de certeza y legalidad de la elección del pasado 2 de junio.
Los partidos representados en el congreso local deben acatar el orden constitucional, respetar las condiciones establecidas antes del proceso electoral y reivindicar la voluntad de la ciudadanía que acudió a las urnas a elegir un gobernador para el periodo 2019 – 2021.
Cabe destacar que fue el propio órgano legislativo el que aprobó, en cumplimiento a la reforma político-electoral de 2014, que quien resultara electo en los comicios de 2019 se desempeñaría durante dos años al frente del gobierno, con el objeto de hacer concurrentes las elecciones locales con las elecciones federales en 2021.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó este mandato constitucional en dos ocasiones, frente a la pretensión del Tribunal Electoral local de ampliar el periodo de gobierno en favor del entonces candidato del partido MORENA.
El CEN del PRI, que encabezan la Presidenta Claudia Ruiz Massieu y el Secretario General Arturo Zamora Jiménez, considera que esta reforma se enmarca en una serie de acciones que tienen un objetivo muy claro: el de consolidar el poder hegemónico del partido mayoritario y coartar las condiciones de equidad en la competencia electoral.
Por ello, anticipa que acudirá a los tribunales para defender el Estado de Derecho, los principios democráticos y los derechos de la ciudadanía que, con esta medida inconstitucional, han sido vulnerados junto con el mandato popular expresado en las urnas.
Asimismo, el CEN rechaza categóricamente la actuación de los diputados del PRI en la aprobación de esta reforma. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria y la Comisión Nacional de Ética conocerán del tema y determinarán las sanciones correspondientes.